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Ejército y Opinión Pública

Mtro. Paul Valdés

En el contexto del llamado combate contra la inseguridad y el narcotráfico, las fuerzas armadas han jugado un papel central en el presente sexenio, especialmente a partir del 2008 cuando la violencia y la inseguridad se han desatado en el país.

México vive una crisis de seguridad pública y social de magnitudes insospechadas. Para hacerle frente a este reto, se ha contado con la participación del ejército como un apoyo al poder civil.

8 de cada 10 mexicanos (78.6%) están de acuerdo con la participación del ejército mexicano en la seguridad pública del país, y el restante 21.4% está en desacuerdo (www.parametro.com.mx, AAPOR 2011).   Las razones a favor son una opinión mayoritaria, y sin embargo la opinión de la minoría debe ser tomada en cuenta porque representa la garantía de un pleno régimen de libertades públicas.

Por ello,  la participación de las fuerzas armadas deberá estar acotada en tiempo y espacio. Por ejemplo, la ley del Sistema de Seguridad Pública señalo en 2009 como fecha límite a inicios del 2013 para que todos y cada uno de los policías del país estén certificados, y con ello iniciar el retiro del ejército de las calles. A pesar de que se reconoce la necesidad de certificarse, la relación de desconfianza entre estados y federación por un eventual manejo político electoral de este proceso ha provocado que se posponga, y con ello difícilmente se cumplirá con el plazo señalado.

Lo más probable, y eventualmente lo mejor es que el ejército continúe en las calles por un periodo aún por definir debido a que las autoridades civiles han sido rebasadas en diversas zonas por la inseguridad pública y los grupos delictivos. Una muestra del apoyo popular con que cuenta esta institución es que continúa siendo la de mayor nivel de aprobación y confianza entre los mexicanos con 83.5 por ciento, por encima de otras instituciones igualmente importantes como la iglesia, IFE, policía federal, SNTE, partidos políticos y cámara de diputados respectivamente (Ibid).

Por otro lado, las razones de los que no están de acuerdo con la participación del ejército están acusaciones de cometer graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas, la desaparición forzada de personas, tal como lo señalan diversos reportes de la ONU en el país. Y es que el soldado es instruido, y como tal ejecuta ordenes en ocasiones pasando por encima de libertades públicas y derechos humanos. Incluso se señala que el Estado mexicano no cuenta con la política ni los mecanismos necesarios para prevenir ni castigar este ilícito, así como tampoco para reparar el daño a las víctimas.

Mientras los estados y la federación rehúsen a alcanzar acuerdos para ser certificados, la profesionalización de las policías seguirá siendo un tema pendiente para el estado mexicano en la lucha contra la principal preocupación que tienen los mexicanos: la seguridad pública.

A todos nos debe interesar contar con policías capacitados, equipados y certificados para asumir el combate contra la inseguridad y la violencia en el país, sin embargo estados y federación parecen caminar en direcciones opuestas, pensando en la próxima elección, y con ello echando piedritas al camino del desarrollo de la próxima generación de mexicanos.

Nos vemos en twitter@parametro_mx