Sin libertad de prensa no hay democracia
Paul Valdés
Un nuevo atentado al régimen de opinión y a las libertades públicas se
suscito la noche del pasado lunes 18 de marzo con la explosión de un coche
bomba a las afueras del diario Expreso de Tamaulipas.
Nos ha ilustrado Baltasar Garzón que estos actos no son terrorismo,
porque la condición de ello, es que posean una ideología política, y al parecer
este no ha sido reivindicado políticamente por ninguna organización, y por lo
tanto caerían en el campo del vandalismo. Son actos que laceran a la
democracia, a la libertad de prensa, y especialmente al régimen de libertades
públicas.
A partir de 2008 se ha registrado uno de los periodos más críticos en
términos de inseguridad y violencia, al grado que nuestro país es considerado
por diversas fuentes como la Sociedad Interamericana de Prensa como uno de los países más peligrosos para
ejercer el oficio, similar al contexto que vive el gremio en Irak o Afganistán.
En días recientes, el Senado aprobó una reforma a la fracción 21 del art. 73 constitucional que crea un mecanismo
de excepción que faculta a instituciones federales -PGR- para atraer las
investigaciones cuando se presenten agresiones a periodistas y comunicadores.
Con ello,
el gobierno federal también podrá atraer cualquier tipo de agresión a
instalaciones de medios de comunicación, aun cuando se trate de delitos del
fuero común. Esto sin duda, es un paso importante para combatir uno de los
delitos que impacta mayormente en la percepción de inseguridad pública.
El tema es de trascendental importancia para el desarrollo en el país,
sin libertad de prensa no puede existir la democracia. Y es que de acuerdo con
el informe anual 2011, “Silencio forzado, el Estado cómplice contra la
violencia contra periodistas”, la organización civil www.articulo19.org, señala que durante 2011 se produjeron en México un total de 172 agresiones contra
periodistas y medios de comunicación. Entre las que destacan asesinatos contra
periodistas, trabajadores de medios, desapariciones de comunicadores y
agresiones con armas de fuego o explosivos contra instalaciones de medios.
Entre las
entidades que presentaron el mayor número de ataques se encuentran Veracruz (con 29 agresiones), Distrito Federal (21), Chihuahua (15), Coahuila (15) y Oaxaca (11). En el caso de Veracruz las agresiones se han
incrementado 200% respecto del año anterior, y según la organización, la
violencia contra la libertad de expresión "se presentó en todas sus
facetas".
La organización también
denuncia que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra
la Libertad de Expresión (FEADLE), ha ejercitado acción penal en solo 27 casos
de agresiones a periodistas y conseguido una sola sentencia condenatoria.
Enfocar los esfuerzos en delitos como el secuestro, la extorsión, y
los delitos cometidos contra periodistas –que dicho sea de paso son los que
impactan mayormente en la percepción de inseguridad pública- es una forma de resguardar el papel del Estado
como garante de la seguridad de las personas, legalidad, libertad y el derecho
de propiedad, elementos sustanciales de la democracia a la que los mexicanos aspiramos.
